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La actual Constitución Política del Estado, el Modelo Económico y las Estrategias de Desarrollo vigentes son explícitas respecto a rol que tiene el Estado en la producción de bienes y servicios. En tal sentido, la presencia de Empresas Estatales ya no parece ser materia de debate. Estas empresas existen, deben tener objetivos empresariales y sociales definidos, requieren la mejor gestión posible y se de espera de ellas el cumplimiento de un fin importante en el desarrollo del país. En el pasado, el fracaso del Estado empresario implicó perdidas económicas, sociales y políticas, que contribuyeron a los movimientos pendulares de visión de desarrollo, quitando así continuidad a políticas de largo plazo.
Desde la perspectiva de la teoría económica existe muy poco contenido que muestre que el origen de la propiedad de una empresa define, ex ante, su desempeño futuro. No es posible encontrar principios que favorezcan la propiedad privada o desfavorezcan la propiedad estatal de los medios de producción (o a la inversa). En el ámbito de la administración existen algunos conceptos relativos al problema del “Agente” que hace referencia al rol del administrador de activos que puede eventualmente desalinearse de los intereses de los accionistas (propietarios), situación que tiene que ver con la gestión, la gobernanza y los incentivos – penalidades sobre los administradores, y que además es un problema que puede generarse tanto en empresas estatales como privadas (particularmente las que son grandes y tienen la propiedad diluida).
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