La Asamblea Legislativa enfrenta el dilema de centrarse en la delimitación de la superficie de cultivos lícitos de coca y, consiguientemente, en los procedimientos de fiscalización y control; o bien romper con esta visión restrictiva e intentar una formulación distinta del régimen de la coca, de manera que el objetivo sea avanzar hacia un sistema regulatorio eficaz, flexible, dinámico y ajustado a las condiciones socio-productivas en que se desenvuelve la economía de la coca, pero también cuidando de dotar al Estado de capacidades plenas para frenar el desvío de la coca a los mercados ilegales.
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