La iniciativa legislativa, que busca favorecer al segmento de dirigentes sindicales, despierta preocupación entre sectores empresariales que temen que la aplicación de esta nueva norma laboral –calificada de arbitraria e injusta- implicará para las empresas incurrir en gastos adicionales considerables, agravando la delicada salud financiera de las empresas y elevando así el riesgo de mayor desocupación.
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