En un país de costumbres democráticas, y respetuoso de la ley, un evento como el 21F habría desencadenado el inicio de una transición política. El Presidente derrotado, aceptando sin chistar el veredicto de las urnas, seguramente daría señales de su voluntad de encauzar el proceso político hacia un cambio de gobierno dentro de un clima de orden y estabilidad política, y con las reformas necesarias para mejorar y afianzar las instituciones.
Tanto más si aún le quedan cuatro largos años preñados de dificultades y desafíos complejos. La preocupación de un gobernante que debe dejar el poder sería su legado al país, las políticas o programas que quiere conservar más allá de su gobierno, la persona que va a sucederle en el liderazgo de su partido y como candidato en los siguientes comicios presidenciales.
Bolivia no es ese país, desgraciadamente. Aquí Evo ha dejado en claro que no se resigna a su derrota, que está determinado a desafiar el mandato soberano del pueblo, que va a hacer lo que sea para no salir de Palacio Quemado. Así pues, la transición política está bloqueada. El MAS, actúa como si el 21F no hubiera existido, que aquello no fue más que una pesadilla, y que el poder que detenta no va a acabarse nunca.
Los opositores políticos, entretanto, no salen del asombro y el desconcierto. Sienten que la victoria democrática del 21F está siendo escamoteada, pero no saben qué hacer para contrarrestar las maniobras prorroguistas; su propia impotencia contribuye a crear una falsa sensación de "normalidad” política. Tal vez unos confíen en que tales maniobras no tienen cómo prosperar, y que vale más prepararse para la venidera contienda eleccionaria; otros pueden pensar que esto último es lo único que importa, con Evo o sin él como candadito oficialista. Una apuesta arriesgada, en todo caso. No está en la naturaleza de estos hombres aceptar la idea de la temporalidad del poder. Lo vemos en Venezuela.
Un concepto de transición
La mayor ausencia en medio de la incertidumbre es un concepto claro y operativo de transición política. De hecho, nadie ha formulado un concepto así, aunque no falten ideas de una cierta agenda política. Este vacío conceptual y estratégico nubla la comprensión cabal del significado del 21F, como punto de inflexión en la política nacional. Y no únicamente porque es la primera vez, en una década, que Evo pierde en las urnas. Lo esencial es que este traspié ha abierto la oportunidad de reconstruir las instituciones democráticas -luego de años de desmantelamiento-, y por cierto también de regenerar la vida política -tan envilecida durante la última época-.
Pero ni la reconstrucción democrática, ni la regeneración política, van a darse de forma automática o espontánea. Hace falta una estrategia política que las haga posibles.
Con Evo impedido de repostularse es plausible restablecer la alternancia en el poder, que es una institución fundamental del juego democrático. No obstante, para que la alternancia sea viable deben darse otras condiciones necesarias, comenzando por la más obvia: la garantía de elecciones libres y limpias; lo cual no es posible sin un tribunal electoral imparcial, sin transparentar el padrón electoral, sin modificaciones sustantivas en la legislación electoral -torcida a favor del partido en el gobierno- que imposibilita una competencia genuina.
Hoy en día el poder autoritario tiene como principal soporte una administración de justicia sometida, cooptada y en bancarrota. De hecho, es crucial para el proyecto continuista no ceder en su control sobre el Tribunal Constitucional, cuyo papel es clave para consumar el desconocimiento del 21F. El éxito o fracaso de los aprestos prorroguistas se juega en gran medida en las definiciones políticas acerca de la reforma de la justicia.
La corrupción desenfrenada ha hundido la credibilidad de los actores políticos, y antes que nadie del partido que alguna vez encarnó la ilusión de un cambio ético. Precisamente por ello, quienes pretender enarbolar un proyecto alternativo, tendrían que hacer algo más que denunciar la corrupción del actual gobierno. La transición política se justifica sí y solo sí es un camino para regenerar la política y el ejercicio de la función estatal. Pero no basta decirlo; es imperativo un fuerte compromiso con la transparencia como el eje de una reforma administrativa.
Desde ya, es incomprensible que la oposición no pelee por una ley de acceso a la información, y que tampoco en las gobernaciones y alcaldías se apliquen leyes y políticas de transparencia y buen gobierno.
Pluralismo y equilibrio político
Los bolivianos dijeron el 21F que no quieren un gobernante perpetuo, ni tampoco un régimen de partido único; quieren alternancia, pluralismo y reparto de poder. El dilema hoy es cómo reconstruir un sistema político pluralista, con distintas opciones y proyectos compitiendo en igualdad de condiciones y a partir del cual funcione un sistema de gobierno con equilibrio de poder, pesos y contrapesos, reparto y coordinación de funciones, roles delimitados de gobierno y oposición, debate y confrontación de posiciones pero también intercambios constructivos y concertación, sobre todo en las políticas nacionales que demandan amplios consensos.
Esta es la renovación que debe abrirse paso en la política boliviana, y por razones objetivas. Aunque le cueste aceptarlo, el MAS no tiene ya cómo persistir en un proyecto hegemónico, incluso reteniendo (como retiene) el poder absoluto del parlamento. Después del 21F, es evidente la brecha entre el abrumador control del aparato estatal por parte del MAS, y la creciente pérdida de legitimidad del oficialismo; una brecha que irá creciendo. El MAS, aunque a regañadientes, tendría que avenirse a dialogar y entenderse con la oposición para afrontar cuestiones candentes como la reforma electoral y de la justicia, la lucha contra la corrupción, incluso una política de estabilidad económica. Si no lo hace, fracasará, y los problemas saldrán de su control.
La oposición tiene ahora la legitimidad -implícita en el rechazo a la re-reelección- para reclamar su lugar en esas reformas. Y más que eso: para impulsar la discusión sobre una agenda de cambios políticos impostergables y para movilizar la acción ciudadana. O sea, lo que llamaríamos una segunda transición democrática.
Pactos con visión de Estado
Reencauzar el país hacia el pluralismo democrático es una idea luminosa, pero que como tal tiene que ser asumido por los actores políticos claves. Su viabilidad depende, en efecto, de que todos ellos perciban que sus intereses y perspectivas serán resguardados; desde luego el MAS, como fuerza representativa de un sector amplio de la sociedad, con su propia visión e intereses partidistas y su derecho democrático de disputar el poder. La transición no implica dar vuelta las cosas como si fuera un calcetín, desmantelar todas las políticas y programas masistas, hacer borrón y cuenta. Esto, además de cuestionable, sería impracticable.
La transición es la oportunidad de instalar un modelo político de pactos y acuerdos, que es así cómo funciona la democracia pluralista. El desafío de la oposición es propulsar este cambio. Incluso, alentar a que el propio Evo se ponga a la cabeza de las reformas institucionales. Si así lo hace, ese será también su legado, y podrá salir por la puerta ancha. De lo contrario, será señalado como una rémora y un escollo para la transición. Quién sabe si en el propio MAS terminan admitiendo ese hecho, por su propia sobrevivencia.
Una estrategia de pactos políticos, manejada con iniciativa, lucidez y destreza, es lo que más puede legitimar la lucha por la transición política.
Fuente: PÁGINA SIETE
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