Es imperativo exigir a los órganos Ejecutivo y Legislativo un tratamiento reflexivo, concertado y ecuánime de las decisiones relativas a las relaciones laborales y a la normatividad que las sustenta. De lo contrario vamos en dirección de profundizar el escenario de caos normativo y desestructuración institucional, además de un descontrol creciente en el manejo de instituciones jurídicas básicas que regulan las relaciones de trabajo, con evidente perjuicio para la capacidad de creación de empleo.
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