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La Nueva Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos, han generado un nuevo escenario en la profundización del proceso de descentralización y la distribución de los recursos públicos que se viene desarrollando desde 1994, con la Ley No. 1551 de Participación Popular, es decir ya han pasado 20 años de aquel hecho que encaró el País.
Sin embargo, estas transformaciones normativas fundamentales han sido en desmedro de las Entidades Territoriales Autónomas (Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades), ya que las transferencias intergubernamentales se encuentran bajo el control del Gobierno Central, que mediante nuevas leyes y decretos supremos han ido recortando los recursos a estas instituciones, siendo las regalías las únicas transferencias que no han sido afectadas ya que así lo determina la Constitución Política del Estado.
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